Pobladores de la zona de San Martín 1 y Palma Mota son presionados por la policía de Pozo del Tigre para que dejen entrar a sus campos a los topógrafos de la Unidad Coordinadora del Agua de Formosa.
Desde hace casi dos meses los pobladores de las mencionadas localidades son presionados por la policía local para que dejen entrar a los topógrafos de la UPCA a sus campos. El objetivo de estos estudios es tener mayor información para la ejecución de la obra de embalse del riacho Salado ("Anillado de la Laguna La Salada" en informaciones periodísticas), que afectará a más de 20.000 ha, dejando sin campos ni sistemas productivos a más de treinta y cinco familias criollas. La obra, a su vez, afecta lugares sagrados d elos antiguos pobladores Pilagá. La semana pasada (fin de marzo del 2009) el comisario de Pozo del Tigre se presentó en la casa de una de las dirigentes más respetadas de la zona, la Sra. Jorgelina Córdoba, para tener una reunión con ella y otrso pobladores en la comisaría local, junto con el topógrafo Gerard Shneider, de la UPCA. La dirigente se negó a asistir a la comisaría y le propuso una reunión con todos los afectados en su casa. Avisados los pobladores, pudieron llegar a la localidad de Pozo del Tigre (60 Km de San Martín 1, por caminos de tierra) 25 representantes de las diferentes familias afectadas por el proyecto. En la reunión manifestaron sus inquietudes y mantuvieron la posición firme de no dejar entrar a nadie hasta que puedan hablar con los máximos dirigentes de Gobierno que tienen interés en la ejecución de la obra.
Debe destacarse que la posición firme de los pobladores contra la obra que destruirá sus sistemas de vida ha logrado, hasta ahora, que se suspenda por tiempo indeterminado la Audiencia Pública necesaria para su ejecución. También se ha logrado incluir un párrafo en la Evaluación de Impacto Ambiental que dice que no es recomendable dar ningún paso más en la ejecución de la obra, hasta que se logre el acuerdo efectivo de los pobladores locales afectados.
Si bien está lejos aún la posibilidad de que se suspenda
definitivamente el proyecto, el actual movimiento social demuestra la arbitrariedad del gobierno de Formosa en su Plan Hídrico de la Provincia, que atenta contra las libertades y derechos de pobladores que habitan el suelo formoseño desde antes de la constitución del estado provincial, a favor de pobladores inmigrantes (mayormente de origen paraguayo) que constituyen sus dominios en forma posterior a los anteriores.
