Mostrando entradas con la etiqueta Derecho ambiental. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Derecho ambiental. Mostrar todas las entradas

martes, 18 de marzo de 2014

Planta de Uranio FORMOSA, PATIO DE ATRÁS DE ARGENTINA Y PARAGUAY

Compartimos una nota acerca de la peligrosidad de la planta de Uranio que el Gobernador Insfrán pretende autoritariamente instalar en Formosa.  Agradecemos a FUNAM el texto.


FUNAM INFORMA          
Fundación para la defensa del ambiente
Córdoba (Argentina), 18 de marzo de 2014 

Planta de Uranio 
FORMOSA, PATIO DE ATRÁS DE ARGENTINA Y PARAGUAY

FUNAM "lamentó" que la Nación y el gobierno de Gildo Insfrán "quieran imponerle a los formoseños y al Paraguay un doble riesgo sanitario y ambiental: el proyecto de reactor nuclear CAREM 150 y el traslado, desde Córdoba, de la planta de Dioxitek que fabrica dióxido de uranio".

El Dr. Raúl Montenegro calificó de "poco seria y patética" la defensa que Julio Aráoz, funcionario del gobierno formoseño, hizo de Dioxitek.

Montenegro recalcó que la planta, aunque fuera nueva, "contamina el ambiente con uranio y sustancias químicas" y que el gobierno formoseño "oculta que el transporte por ruta de material radiactivo entre las provincias de Buenos Aires y Formosa amenazará también otras provincias". Sostuvo asimismo que la planta "es una instalación sensible y por lo tanto, blanco potencial de organizaciones terroristas".

Ratificó además que Dioxitek "necesita mudarse a Formosa porque la están echando de la ciudad de Córdoba y no es aceptada en otras provincias. Ya le dijeron no la provincia de Mendoza, la ciudad de La Rioja y la ciudad de Despeñaderos en Córdoba. Frustrados también los intentos de trasladarla a las localidades de Río Tercero y Embalse (en la provincia de Córdoba) solo les quedaba buscar una provincia feudal como Formosa, donde las protestas públicas son violentamente reprimidas”, agregó.

FUNAM recordó que la planta fue y sigue siendo manejada “con total irresponsabilidad por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)” y que “almacena, sin membrana, más de 57.000 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad en uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad de Córdoba. Desde hace décadas viene descargando, cada año, kilogramos de partículas de uranio al aire y centenares de kilogramos de uranio a la colectora cloacal”.

Montenegro informó que CNEA y Dioxitek "nunca remediaron 7 de las 8 minas de uranio de Argentina" y que la remediación de Malargüe en Mendoza "es tan deplorable que la CNEA fue multada por el gobierno provincial. Por eso las minas de uranio siguen contaminando el aire, el agua y el suelo en varias provincias argentinas".

Difundió además la sugestiva frase que Dioxitek incluye entre sus condiciones de visita:
"Abstenerse las mujeres embarazadas de asistir"


Córdoba (Argentina), 18 de marzo de 2014. Recién llegado desde Francia, donde fue profesor e investigador invitado de la Universidad de Franche-Comté, el Dr. Raúl Montenegro advirtió que la intención de instalar en Formosa la planta de Dioxitek, "es una insensatez". Agregó que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el gobierno de Formosa "quieren transformar a la provincia en el patio de atrás del país y del Paraguay" porque al proyecto de construir la central nuclear CAREM 150 "le agregaron, con el mismo autoritarismo y la misma ilegalidad, la reinstalación de Dioxitek, una planta productora de dióxido de uranio natural y de uranio levemente enriquecido que está siendo expulsada de la Ciudad de Córdoba”.

El Dr. Raúl Montenegro calificó de "poco seria y patética" la defensa que hizo de Dioxitek Julio Aráoz, funcionario del gobierno de Gildo Insfrán. El funcionario había declarado que la planta no es una mudanza de la planta cordobesa y que no generará "residuos para el medioambiente".

Montenegro recalcó que la planta, aunque fuera nueva, "contamina el ambiente con uranio y sustancias químicas" y que el gobierno formoseño "oculta que el transporte de material radiactivo entre las provincias de Buenos Aires y Formosa, por ruta, amenazará otras provincias". Sostuvo asimismo que la planta "es una instalación sensible, por cuanto usa uranio concentrado al 3,4% para hacer el uranio levemente enriquecido, y es por lo tanto blanco potencial de organizaciones terroristas".

Montenegro, que es presidente de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) y Profesor Titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba, sostuvo que quieren llevar Dioxitek a Formosa “porque no encuentran otro lugar donde instalarla. Ya fue rechazada en la provincia de Mendoza, en la provincia de La Rioja y en Despeñaderos en Córdoba. Frustrados los intentos de trasladarla a Río Tercero y Embalse solo les quedaba buscar una provincia feudal como Formosa, donde las protestas públicas son violentamente reprimidas”, agregó

FUNAM recordó que la planta fue y sigue siendo manejada "con total irresponsabilidad por CNEA" y que "almacena, sin membrana, más de 57.000 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad que contaminan el suelo, las aguas subterráneas y el aire de barrio Alta Córdoba. Cada año Dioxitek ha venido descargando kilogramos de partículas de uranio por sus chimeneas y centenares de kilogramos de uranio a la colectora cloacal. Además, es una planta que sufre accidentes e incendios, y libera importantes volúmenes de amoníaco, una sustancia que afecta el sistema respiratorio”.

Ante el vencimiento del plazo dado a CNEA y la inminente clausura de Dioxitek por parte de la Municipalidad de Córdoba, el Ministro Nacional de Planificación, Julio de Vido, le solicitó al intendente de Córdoba, Ramón Mestre, que permita el funcionamiento de Dioxitek por varios meses más.

Montenegro les recordó al gobernador de Formosa Gildo Insfrán y al Ministro de Planificación Julio de Vido que en Argentina "las dictaduras ya se terminaron" y que "no pueden decidir localizaciones tan peligrosas como Dioxitek y el reactor Carem 150 violando la Ley Nacional de Ambiente que exige Estudio de Impacto Ambiental y Audiencia Pública, ni ignorando la vecindad de la república del Paraguay".

Montenegro informó que CNEA y Dioxitek "nunca remediaron 7 de las 8 minas de uranio de Argentina" y que la remediación de Malargüe en Mendoza "es tan deplorable que la CNEA fue multada por el gobierno de Mendoza. Por eso las minas de uranio siguen contaminando el aire, el agua y el suelo en varias provincias argentinas".

Difundió además la sugestiva frase que Dioxitek incluye entre sus condiciones de visita: "Abstenerse las mujeres embarazadas de asistir".

Los riesgos de Dioxitek, un combo de uranio natural y enriquecido

Desde FUNAM se indicó que Dioxitek "es una empresa del Estado donde la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene el 99% de las acciones y el gobierno de Mendoza el 1%. En su planta de barrio Alta Córdoba se produce polvo de dióxido de uranio natural y uranio levemente enriquecido al 0,85%, el llamado ULE. Estos dos materiales radiactivos se envían por vía terrestre al Centro Atómico Ezeiza en Buenos Aires, donde la planta de CONUAR-FAE produce elementos combustibles para las centrales nucleares de potencia y reactores de investigación".

"Dioxitek ha sido reiteradamente denunciada en la justicia y hasta se vio envuelta en un caso de corrupción que motivó el apartamiento de varios funcionarios de CNEA".

"Dioxitek fabrica y manipula polvo de dióxido de uranio natural que obtiene purificando otro material radiactivo, el diuranato de amonio o torta amarilla, traído por ruta desde el puerto de Bahía Blanca. Lo que no se conoce públicamente es que Dioxitek también almacena dióxido de uranio enriquecido al 3,4% para fabricar el combustible nuclear ULE, y que este uranio es un material altamente sensible. Tanto los insumos radiactivos como los productos radiactivos se transportan mediante camiones hábilmente disimulados que al atravesar pueblos y ciudades crean riesgos adicionales para sus habitantes" [1].      

Dioxitek genera residuos radiactivos y no radiactivos:
los datos que ocultan CNEA y el gobierno de Formosa.

El Dr. Raúl Montenegro indicó que Dioxitek y su planta predecesora, el Complejo Fabril Córdoba, "tienen un largo historial de funcionamiento irresponsable. Además de haber generado un depósito con más de 57.000 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad, enviaron a la mina de uranio de Sierra Pintada en San Rafael (Mendoza) más de 4.000 barriles con residuos de uranio, que fueron descargados sin método alguno en las pilas de residuos minerales. FUNAM denunció judicialmente esta transferencia de residuos, que luego se suspendió, pero hoy los barriles rotos siguen contaminando el ambiente de Sierra Pintada". 

Montenegro agregó que estudios realizados por un laboratorio del gobierno de la provincia en 1998, el Ceprocor, y que obran en la Universidad de Extremadura, en España, "detectaron altos niveles de contaminación en el depósito de residuos radiactivos de Dioxitek. En ese lugar el radio-226, un derivado del uranio, supera en 257 veces los valores normales: encontraron un máximo de 9.500 Becquerelios por kilogramo, cuando el nivel de referencia es de 37 Bq/kg. En cuanto al radón-222, otro material radiactivo derivado del uranio, está a valores 7 veces más altos que lo normal: encontraron hasta 28,9 picocuries por litro, cuando el valor de referencia para la EPA es de 4 pCi/L [2]. Existe por otra parte una cantidad extremadamente alta de plomo 210, un material radiactivo derivado del uranio que tiene una vida media de 23 años y es riesgoso por más de dos siglos".

La Autoridad Regulatoria Nuclear ya había alertado sobre los altos niveles de contaminación en el "chichón" de Dioxitek en Córdoba

Montenegro indicó que ya en 1992 la Autoridad Regulatoria Nuclear, ARN, señaló, como parte del documento RQ-85 "la necesidad de que se limite el acceso a las zonas más contaminadas" de depósito de residuos radiactivo de Dioxitek, el "chichón".  

Tras reiterar que postergar la erradicación de esta planta en un barrio densamente poblado como Alta Córdoba "fue aberrante", recordó que el uranio "es un material muy tóxico que afecta los sistemas renal y óseo además de otros órganos del cuerpo humano" y que además, por ser radiactivo "es cancerígeno, sobre todo cuando se lo inhala junto al radón-222. Por esta razón la enfermedad más frecuente en los trabajadores de las minas de uranio es cáncer de pulmón".

Cualquier nivel de radiación generada por materiales radiactivos
puede provocar cáncer. No hay umbral de seguridad

Desde la difusión de los criterios BEIR VII en 2005 se reconfirmó que cualquier dosis de radiación ionizante implica riesgos para las células y tejidos expuestos. "Hasta hace unas pocas décadas se creía que solo representaban riesgo las dosis altas. Esto es pasado. BEIR VII Segunda Fase reconfirmó que cualquier nivel de radiación ionizante es inseguro. Incluso las pequeñas dosis pueden provocar cáncer y otros daños biológicos importantes. Para ello se combinan el llamado efecto Petkau, y otro recientemente descubierto, el efecto Espectador. Este último deriva de la comunicación entre células dañadas por la radiación y células sanas, que adquieren la patología. Todo esto torna aún más riesgosas las bajas dosis", indicó el Biólogo Raúl Montenegro [3].

Referencias:

[1] El diuranato de amonio en tambores es importado desde otros países porque la mina de uranio de San Rafael en Mendoza no opera por decisión judicial, dado el irresponsable manejo que hizo CNEA de sus residuos.
[2] La EPA es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.    
[3] BEIR VII Segunda Fase, Academias Nacionales de Ciencia de Estados Unidos, 2005 (700 p).


Para mayor información contactar a:  
Prof. Dr. Raúl A. Montenegro, Biólogo
Presidente de FUNAM, Premio Nóbel Alternativo 2004 (RLA, Estocolmo, Suecia) y Profesor Titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba.
Teléfono fijo: 03543-422236
Teléfono celular: 0351-155 125 637

Encargada de prensa:
Lic. Nayla Azzinnari
Teléfono celular: 011-155 460 9860




sábado, 16 de marzo de 2013

Una cuenca que da para todo

La cuenca del Pilcomayo da para todo.  Contaminación minera en la cuenca alta boliviana y argentina; contaminación hidrocarburífera en la cuenca baja boliviana y en la zona de Potrillo-Palmar Largo (Argentina); inundaciones y sequías al mismo tiempo, en la zona de divagación de los bañados, disminución crítica de recursos pesqueros, obras cuya consulta pública está condicionadas por leyes poco participativas, represión y violencia contra los pueblos originarios, despojo de tierras a campesinos y criollos... y ahora, potencial riesgo nuclear en la cuenca baja, a la altura de la desembocadura sobre el río Paraguay.

Da para todo, aunque parecería que para lo que menos da es para la gestión participativa y la transparencia de los actos de Gobierno...

A continuación citamos in extenso, el documento que la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) difundió esta semana respecto a la localización del proyecto de construcción de un reactor nuclear en Formosa.  Las regiones 4 y 5, citadas en el documento que sigue, están fuera de la cuenca, las demás forman parte de ésta.

Formosa:
FUNAM difundió los lugares seleccionados por el gobierno para instalar nuevo reactor nuclear CAREM

Las localizaciones fueron mantenidas en secreto por el gobierno de Formosa y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para evitar protestas ciudadanas y la reacción del gobierno de Paraguay.

Los cinco lugares seleccionados son Colonia Bouvier, Monte Lindo, La Emilia, Riacho Pilagá y Riacho Tohué, todos juntos al río Paraguay.

El Dr. Raúl Montenegro realizó el anuncio en la sede de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), en Formosa, al conmemorarse el segundo aniversario del accidente nuclear ocurrido en Fukushima.

En caso de sufrir el peor accidente posible, el CAREM 150 de Formosa podría contaminar un radio de 500 kilómetros alrededor del reactor, y afectar la provisión de agua en las ciudades costeras del río Paraguay y Paraná a lo largo de 1.200 kilómetros. Los lugares potencialmente más afectados serían –entre otros- Paraguay y las provincias argentinas de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fé y Entre Ríos, algunas de ellas, declaradas “zonas no nucleares”.


Formosa (Argentina), 11 de marzo de 2013. La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, difundió los lugares seleccionados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el gobierno de la provincia de Formosa para instalar un reactor nuclear CAREM de 150 megavatios.

Las localizaciones fueron mantenidas en secreto por el gobierno de Formosa y la Comisión Nacional de Energía Atómica para evitar protestas ciudadanas y la reacción del gobierno de Paraguay.

Los cinco lugares seleccionados son Colonia Bouvier, Monte Lindo, La Emilia y Riacho Pilagá, escalonados al norte de la ciudad de Formosa, y Riacho Tohué al sur de la capital provincial. Todos se ubican junto al río Paraguay.

El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y Premio Nóbel Alternativo, realizó el sorpresivo anuncio en la sede de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), en Formosa, al conmemorarse el segundo aniversario del accidente nuclear de Fukushima (Japón). 

Tras reseñar las características de los sitios seleccionados, Montenegro indicó que si el CAREM 150 de Formosa se instalara en uno de esos sitios y sufriera el peor accidente posible –nivel 7 en la escala del INES- podría contaminar un radio de 500 kilómetros alrededor del reactor, y afectar la provisión de agua en las ciudades costeras del río Paraguay y Paraná a lo largo de 1.200 kilómetros. Los lugares potencialmente más afectados serían –entre otros- Paraguay y las provincias argentinas de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.

El Médico Nuncio Bernardo Toscano, Secretario General de AMRA e integrante del Foro Médico Ciudadano de Formosa, señaló que "mantener en secreto la información sobre los cinco sitios seleccionados para el CAREM muestra el desprecio de las autoridades de la nación y del gobierno provincial por los habitantes de Formosa, de otras provincias afectadas y del Paraguay. Tanto el autoritarismo como el secreto, impunemente practicados por CNEA durante la última dictadura militar, parecen seguir intactos en plena democracia". 

Los cinco lugares seleccionados

El Dr. Raúl Montenegro indicó que los cinco lugares seleccionados conjuntamente por CNEA y el gobierno de Formosa "están contenidos en documentos oficiales que ambos mantuvieron deliberadamente en secreto desde el año 2011". Agregó que esa selección se realizó en base a un incompleto análisis de "marco legal, caracterización topográfica y geológica, características climáticas y agua de refrigeración" y que tanto CNEA como el gobierno de Formosa "iban a decidir en una próxima etapa, siempre en un círculo pequeño y cerrado de profesionales, cuál era a su juicio el área más conveniente para el emplazamiento del reactor. Las cinco regiones seleccionadas están ubicadas en la costa del río Paraguay".

La región 1 se localiza cerca de Colonia Bouvier, al noreste de la provincia, unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de Clorinda (Departamento Pilcomayo). La población en este lugar supera las 75.000 personas. El lugar seleccionado está a corta distancia de la ciudad de Asunción, capital del Paraguay, ubicada al otro lado del río Paraguay.  

La región 2 se ubica en el área de descarga del Riacho Monte Lindo, en el centro-este de la provincia, a 44 kilómetros de la ciudad de Formosa y 4,5 kilómetros de la Ruta Nacional 11 (Departamento Formosa). Está cercana a la Reserva Natural Ictícola de Puerto Dalmacia.

La región 3 se sitúa en la localidad de La Emilia, 39 kilómetros al norte de la ciudad de Formosa y a 8 kilómetros de la Ruta Nacional 11 (Departamento Formosa).

La región 4 se encuentra próxima al área de descarga del Riacho Pilagá, 24 kilómetros al norte de la ciudad de Formosa y a 9,5 kilómetros de la Ruta Nacional 11. En esta región discurren además los riachos Guaycolec y Timbó Poré. El Centro Biológico Pilagá Zoo se ubica 10 kilómetros al este del lugar.     

La región 5 está localizada en cercanías del Riacho Tohué, al sudeste de la provincia, 22 kilómetros al sur de la ciudad de Formosa (Departamento Laishí). Dista apenas 3 kilómetros de la Reserva de la Biosfera de Laguna Oca. Si el reactor se ubicara en esta zona quedaría casi enfrentado a Pilar, capital del Departamento Ñeembucú en Paraguay, en la ribera oriental del río Paraguay.

El Dr. Raúl Montenegro reiteró que el reactor CAREM 150, como cualquier central nuclear, "puede sufrir un accidente o evento de nivel 7 en la escala INES, el peor posible, y afectar muchas provincias de Argentina y a la república del Paraguay. Sin embargo, ninguna de estas jurisdicciones ha sido consultada. Esto explica porqué la selección de lugares se mantuvo secreta". Agregó que por parte del gobierno de Formosa "participaron de la selección, entre otros, el Ing. Julio Aráoz, la Agrimensora Carina Chagra y el Ing. Horacio Zambón".   

Características del CAREM, un reactor que también puede sufrir el peor evento posible

El Dr. Raúl Montenegro indicó que la CNEA y los funcionarios públicos "intentan presentar al reactor nuclear CAREM como muy seguro, pero omiten indicar que puede sufrir, como cualquier otra central, un accidente o evento nivel 7 en la escala del INES, esto es, el peor posible. Fukushima Dai-Ichi y Chernobyl son ejemplos de accidente nivel 7".

"El CAREM tiene una vasija de alta presión con 11 metros de alto y 3,4 metros de ancho. La peligrosidad de lo que sucede en su interior puede calcularse a partir del espesor de su pared: 13 a 20 centímetros. Dentro de la vasija se almacenan 61 elementos combustibles, cada uno con 100 barras de uranio con bajo enriquecimiento (1,8 a 3,1% de uranio 235). Al producirse la fisión nuclear, esas barras dejan de ser solamente uranio para convertirse en muchos radioisótopos "creados" por el reactor, entre ellos los peligrosos estroncio 90, cesio 137 y yodo 131. Mientras el combustible nuclear virgen es de baja actividad, el combustible en proceso de fisión es altamente radiactivo. Este combustible se cambia cada año y medio, y las barras de combustible agotado –residuos radiactivos de alta actividad peligrosos por más de 200.000 años- se transfieren a piletones ubicados dentro de la misma planta. Este depósito no tiene la misma protección que el corazón del reactor. Es por lo tanto altamente vulnerable.   

El reactor tiene tres circuitos de agua, uno primario (limitado a la vasija de presión), uno secundario que conduce vapor de agua a la turbina de generación eléctrica (parte del circuito dentro de la vasija y parte afuera) y uno terciario que conduce agua de río para refrigerar el vapor del secundario. El terciario está enteramente situado fuera de la vasija. Uno de los supuestos de seguridad del CAREM se basa en barras de control que pueden ser desprendidas y caer por gravedad en caso de emergencia".

Lo que no se dice

Montenegro recalcó que "el CAREM es experimental. No hay ningún CAREM construido ni en funcionamiento. Actualmente se está construyendo ilegalmente un CAREM de 25 megavatios en Lima, provincia de Buenos Aires. Violando la normativa vigente, la construcción de su obra civil empezó sin que el Estudio de Impacto Ambiental estuviera terminado, y sin audiencia pública. La ley parece regir para los ciudadanos, no para los gobiernos".

"En cuanto al proyectado CAREM formoseño de 150 megavatios, es otro experimento pero 6 veces más peligroso por su tamaño y mayor contenido potencial de materiales altamente radiactivos. Está además convenientemente alejado de la ciudad de Buenos Aires, donde se está creando en Lima una inédita y peligrosa concentración de reactores nucleares: uno antiguo y fallado (Atucha I), un segundo que mezcla antigüedad con piezas nuevas (Atucha II) y un tercero en construcción, nunca probado (el CAREM 25)", agregó.

"Las supuestas seguridades que pretende atribuirle CNEA al CAREM no son tales. En caso de fallas, el material radiactivo de alta actividad de la vasija puede llegar desde el circuito primario al secundario y desde éste al terciario, y descargarse al ambiente (el río Paraguay). Accidentes internos por fallas de estructura pueden deformar y hasta inhabilitar el sistema automático de descarga de barras de control".

"Tampoco se dice que el combustible agotado altamente radiactivo que se iría acumulando en los piletones del CAREM formoseño aumenta el riesgo total del reactor. Todo material altamente radiactivo que se produzca en Formosa, quedará y se acumulará en Formosa. Cada nuevo año de funcionamiento agregaría más material contaminado y más peligrosidad. Recordemos que en Fukushima los problemas derivaron no solo de fallas en el corazón de los reactores japoneses, sino también del descontrol en los depósitos de combustible agotado".

"Evidentemente, hay situaciones que nunca fueron evaluadas por el gobierno de Formosa (o si lo hicieron quedó en secreto, como las posibles localizaciones). Si un avión comercial de gran porte se estrellara contra el edificio del reactor, se podría liberar al ambiente parte o la totalidad del  combustible nuclear agotado que se almacena allí. Ya sea producto de un accidente o de un acto terrorista con avión, ello generaría un desastre regional, un Fukushima latinoamericano". 

Un proyecto que viola normas provinciales

El Dr. Raúl Montenegro sostuvo que “sin tener capacidad técnica propia y con un lamentable historial de falta de controles ambientales, el gobierno de Formosa está jugando con la salud de varias provincias del Noreste argentino y Paraguay. Además de colocar una tecnología peligrosa y blanco del terrorismo internacional junto al río Paraguay, los camiones con barras combustibles destinadas al CAREM 150 deberían recorrer 1.180 kilómetros desde Buenos Aires a Formosa atravesando provincias que prohíben el pasaje de material nuclear: Chaco por Ley Provincial 3902/1993 y Santa Fe por Ley Provincial 10753/1991”.

“¿Sabe el gobierno de Formosa que estas barras son altamente sensibles, que durante su transporte los vehículos pueden sufrir accidentes, y que son también blanco del terrorismo internacional? ¿Con qué derecho un gobierno pone en peligro otras jurisdicciones, violando además sus propias normas?”, se preguntó Montenegro.

“Lo inadmisible es que el propio proyecto de construcción del CAREM 150 en Formosa viola la Ley Provincial 1060/1993 cuyo Artículo 13 prohíbe la utilización y almacenamiento de sustancias radiactivas y sus desechos”.

"En el caso de peor accidente posible –algo que le puede suceder al CAREM- el impacto por contaminantes altamente radiactivos lanzados al aire podría extenderse 500 kilómetros o más alrededor del reactor dañado, y si hay derrame al río Paraguay, afectar los sistemas de provisión de agua de Chaco, Corrientes, Santa Fe y todas las provincias ubicadas aguas abajo a lo largo de 1.200 kilómetros de río (Paraguay-Paraná-de la Plata). En ambos casos, Paraguay sería uno de los lugares más afectados por estar situado frente a Formosa y aguas debajo de cualquier localización que se decida", sostuvo el Dr. Raúl Montenegro.   


Para mayor información contactar a:

Prof. Dr. Raúl A. Montenegro, Biólogo
Presidente de FUNAM
Teléfono celular: 0351-155 125 637

Encargada de prensa:
Lic. Nayla Azzinnari
Teléfono celular: 011-155 460 9860
E-mail: nay_azz@hotmail.com            

sábado, 25 de septiembre de 2010

El colapso de la pesca y el colapso de los derechos en la Cuenca del Pilcomayo


La actual crisis del Pilcomayo, con su tragedia del agua para Argentina y de la pesca para Bolivia, desenmascara tácitamente otras problemáticas ocultas. Los tres países que comparten el territorio del Pilcomayo se reúnen a debatir sus visiones desde 1995, cuando se conforma la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Pilcomayo. Con el paso de los años, en el 2008, se conforman los Comité de Coordinación de Cuenca, organismos que deben reflejar la participación de la sociedad civil en las decisiones sobre la cuenca.
La muerte del río, la muerte de la pesca (Foto E. Arias)
Sin embargo, algo pasa, porque dos problemas claves para la cuenca baja aún no han sido resueltos adecuadamente: la distribución de las aguas en la cuenca baja inferior (Argentina y Paraguay) y la pesca en la cuenca baja superior (Bolivia y Salta). Ambos se han puesto de manifiesto de manera explosiva en el 2010. Estos problemas de carácter coyuntural, pero crónico, son sólo los síntomas de un mal mayor: la falta de gobernabilidad de la cuenca, a pesar de su organismo de cuenca, y el colapso de los derechos indígenas y los derechos ambientales en el marco de la explotación capitalista de los recursos ocupados tradicionalmente por los pueblos originarios.
 Sólo un hilo de agua entraba a Argentina el 4 de Septiembre del 2010
La falta de gobernabilidad de la cuenca resulta, entre los aspectos más resaltantes, de una compleja convergencia del desconocimiento orgánico (en sentido gramsciano) de la estructura y funcionamiento de la cuenca, de los intereses políticos (en donde el clientelismo descolla y el chauvinismo nacionalista enlutece los bicentenarios tan festejados), de los intereses empresariales (más preocupados por sus ganancias que por la efectividad de sus obras), del encubrimiento de fallas graves en las obras por parte de los mecanismos gubernamentales de control e inspección; de la falta de participación en los procesos de toma de decisiones y control de acciones (falta de convocatoria y falta de convocados), de la falta de entendimiento entre los conceptos y visiones locales y las representaciones de la realidad de los funcionarios públicos (en general muy ajenos y lejanos del territorio), de la falta de integración física entre los actores locales (que se refleja en preocupaciones muy puntuales y acotadas geográficamente).
El colapso entre los derechos indígenas y los derechos ambientales, se encuentra en el marco de la inserción de los pueblos originarios en explotación capitalista de los recursos naturales. No se manifiesta sólo en la problemática de la cuenca; pero la actual crisis de pesca lo pone en el escenario como actor casi unipersonal. Los pueblos indígenas habitantes de la cuenca, especialmente los ribereños, se valieron por siglos de la pesca como sustento físico y fuente de mecanismos culturales de regulación social y ambiental. Desde hace poco más de cuarenta años, la instalación de la pesca comercial en Bolivia y en la costa salteña del Pilcomayo, ha incidido directamente en cambios culturales y ambientales que hacen a la actual crisis. Tradicionalmente, una colección de tabúes regulaban la pesca, en su cantidad y calidad. El río, cual una persona bondadosa, daba a sus habitantes el alimento necesario, pero para ello debían cumplirse reglas y respetarse prohibiciones. La introducción del concepto y práctica de la pesca como medio de producción capitalista (el pescado como mercancía) transformó radicalmente la calidad del arte de pescar y la cantidad pescada. De esta manera, la pesca, de actividad tradicional y culturalmente estructurante, pasa a ser una actividad mercantil, extractiva sin regulación eficaz, que raya con la depredación. El cambio en el significado de la actividad anuló radicalmente los mecanismos tradicionales de control, sin reemplazarlos por otros que sean efectivos o mantengan la eficacia de aquellos. Acá comienzan las preocupaciones ambientales. 

 Niño pescador (foto 1930)

En tanto los pueblos originarios del chaco vivían de lo dado por la naturaleza (en sus diferentes representaciones), si bien no eran “ambientalistas” en sentido moderno, cuidaban de esos recursos para que sus dueños (las diferentes representaciones de la naturaleza) no se enojaran y los abandonaran a su suerte. Esos cuidados estaban regulados por prohibiciones (tabúes) y actividades culturales que reflejaban la idea de una custodia permanente del recurso. En el caso de la pesca, las principales regulaciones tenían que ver con el tratamiento del pescado y el aprovechamiento total del producto, con prescripciones específicas para el manejo de sus vísceras, huesos y otros residuos. Asimismo, prohibiciones vinculadas al estado menstrual o de embarazo de la mujer del pescador y a la salud del pescador mismo, regulaban el ingreso al agua, estableciendo así una “veda” mensual muy cercana a las actuales propuestas de veda semanal en otras regiones de la Cuenca del Plata. La inserción en el mercado laboral capitalista, transformando el cuerpo en mercancía, primero mediante el trabajo en los ingenios azucareros, luego en los obrajes de madera; modificó la actividad pesquera cuando ésta pasó a ser comercial. El pescador deja de ser la persona que se relaciona cara a cara con el dueño del río, para transfigurarse en un operario que maneja redes y barcazas, por un jornal regulado por la cantidad de pescado puesto a la venta. Ya no es posible mantener un rendimiento aceptable de pesca guardando prohibiciones y manteniendo la calidad ambiental tradicional. Estas transformaciones han hecho que hijos y nietos de aquel respetuoso pescador, se transformaran en agentes de depredación de las especies comerciales y en prestamistas a comisión de los sitios de pesca. 

Recuperando las tradiciones de pesca, en un brazo del bañado en La Brea (Foto M. Fernández)  

La afluencia de cientos de pescadores comerciales, ajenos al territorio, a las concesiones pesqueras otorgadas a los pescadores nativos del Pilcomayo afecta de manera determinante al ambiente. No solo por la sobrepesca que se realiza, sino también por las diferentes formas de degradación ambiental que se producen con la presencia de miles de personas en áreas sin condiciones infraestructurales mínimas para contenerlas. Una equívoca interpretación de los derechos indígenas puede llevar a justificar la depredación sin considerar los derechos a un ambiente sano que tienen todos los habitantes de la cuenca. 

Tendencia de la captura de sábalo en Villamontes desde 1980 a 2010, comparado con los derrames anuales

La necesaria regulación ambiental se impone. Sin embargo, el mercado es más fuerte que las tradiciones y que la protección legal del recurso. Converge, de esta manera, la falta de gobernabilidad en la cuenca con la pérdida de los valores tradicionales y el interés de personas y empresas ajenas al territorio, en un perverso juego de echar culpas por la falta de peces cuando merman los cardúmenes, motivado por la necesidad empresarial de venderlos.
Los conocimientos indígenas, la cultura y las prácticas tradicionales han contribuido a la construcción de conceptos relacionados con el desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente y los territorios. Pero esta contribución de los pueblos indígenas al diseño de las bases conceptuales para la gestión de la cuenca se pierde en el huracanado avance del capitalismo sobre sus prácticas productivas tradicionales. Lejos de poder determinar libremente las líneas de su desarrollo, han quedado subsumidos a los intereses del modelo socioeconómico que se impone internacionalmente, estructurando sus propios intereses en el marco de los intereses de la sociedad global, en un proceso de asimilación que los aleja de sus valores tradicionales y de la construcción de su identidad diferenciada. El sistema capitalista ha hecho de los pueblos indígenas objeto y sujeto activo del consumismo incremental que caracteriza en la actualidad al mundo globalizado. Sin embargo, es evidente que esto no ha redundado en un mejoramiento de la calidad de vida; sino, por el contrario, es visible la insatisfacción de las necesidades básicas, reflejadas principalmente en una alimentación inadecuada, una pérdida de la salud que caracterizaba a sus antepasados y la insatisfacción permanente por no alcanzar los objetos ofrecidos por el mercado. El ejercicio de los derechos indígenas se concentra, principalmente, en el objetivo de alcanzar el mismo modelo socioeconómico de la sociedad hegemónica, alejándose de las propuestas o representaciones que caracterizaron su diversidad. En este proceso, son los mismos pueblos indígenas, mercantilizando los bienes dados por la naturaleza, quienes violan el derecho a la conservación y protección del ambiente de sus territorios, dejando sin garantías a sus generaciones futuras, pero ocultándolo bajo el discurso de que la naturaleza nunca dejará de darles. El colapso ambiental está implícito en sus propias prácticas modernas de pesca. Sobre esto es necesaria una profunda reflexión con los jóvenes y con quienes lideran la producción pesquera; a fin de que su patrimonio, cultural y ambiental, no quede en manos del mercado y sea objeto de una desintegración total, o se transformen lentamente en sujetos de acusaciones por parte de quienes desean ejercer sus derechos a un ambiente sano.