jueves, 12 de enero de 2012

Elementos para una interpretación de los acontecimientos del ciclo hidrológico 2010-2011

La evolución del Pilcomayo durante el ciclo hidrológico del 2010 al 2011 tuvo características inusuales para el comportamiento de las últimas décadas. Inusuales desde varias lecturas.

Por un lado, el comportamiento hidrológico, con el desvío total de las aguas hacia el lado paraguayo. El mismo ya era previsible de acuerdo a lo acontecido en el 2010, cuando el proceso de colmatación del cauce principal que deriva en el Canal Farías, de Argentina, ya preanunciaba una situación muy crítica para la siguiente creciente (la del 2011). Las acciones tardías y extremadamente someras realizadas a partir de los primeros acuerdos entre Argentina y Paraguay (después de Octubre del 2010) dejaban demasiado en claro, tanto para los pobladores locales como para observadores externos, la ineficacia de los esfuerzos y gastos realizados. Monitoreos de pobladores locales realizados desde Salta, Formosa, Paraguay y Bolivia expresaban en sus informes escritos y gráficos la sorpresa por la dimensión inadecuada de la obra respecto a la gravedad del problema de colmatación del cauce principal. Una mínima comparación con la actividad y volúmen de obra que se efectuó en 1996 para la apertura del canal Farías, da cuenta de la insignificancia de las acciones de este año y del año pasado por parte de Argentina y de los acuerdos binacionales con Paraguay.

 La inmensidad natural frente a las intenciones de la ingeniería. Máquina trabajando en el dragado del cauce.
Foto tomada del Google Earth, compartida por Schneider-Ferreira

Por otro lado, tal vez el aspecto más crítico del año, la pérdida total de la pesca comercial en Salta y Bolivia. Esto fue consecuencia del desvío de las aguas hacia Paraguay. Las zonas de cría se localizaron en los últimos veinte años en el Bañado La Estrella. Los bajos y zonas bañadas del Paraguay no fueron atractivos para las corrientes migratorias de peces y alevines nacidos en la cuenca alta y media alta en los últimos años, a pesar de que desde el 2009 ya existía conexión en tiempos de creciente.

Una tercera característica fue la sistemática invalidación de la participación popular en los procesos de debate y toma de decisión en Argentina. Una notoria vuelta al modelo hegemónico del poder, en manos de ingenieros y funcionarios, dejaron de lado las miradas, intereses y opiniones sobre lo que acontece en el río de la gente que vive cotidianamente con él. Con la designación oficial de tres monitores en Formosa y dos en Salta se resolvió la participación al acompañamiento de los mismos a las misiones técnicas. Los mismos monitores han expresado que en los recorridos no se toma en cuenta sus opiniones, sino que se los utiliza para tareas auxiliares y para guiar a las misiones por los caminos que no conocen. La supresión de los procesos participativos de la población local, se manifestó claramente en la falta de convocatoria de los Comité de Cuenca en Argentina y Bolivia. Una de las más claras muestras de distanciamiento fue la última reunión del Comité Trinacional de Cuenca, en Octubre del 2010. En plena crisis de pesca por el primer desvío del río, con los líderes de pesca en la puerta reclamando, el Comité estaba debatiendo el borrador del Reglamento Interno.

La falta de participación de los técnicos y funcionarios en el análisis y búsqueda de soluciones conjuntas con las poblaciones locales, para resolver el problema que se suscitó a raíz del desvío de las aguas, resultó en malestar y disconformidad por parte de la gente; pero principalmente en una sensación amarga de violación de sus derechos como pobladores originarios de la cuenca con intereses, conocimientos y experiencias que superan a las de quienes van desde afuera para realizar obras. Para la gente, el fracaso o ineficacia de algunas de las intervenciones realizadas se debe a esta ausencia de sus conocimientos, intereses y perspectivas.

Asociado a la recuperación de la hegemonía sobre las acciones en la zona de Argentina y Paraguay, se reactivó la Comisión Binacional, dejando de lado nuevamente a Bolivia en las decisiones que se toman entre los dos países de la cuenca baja, en cuanto al manejo de las aguas y el desarrollo de estrategias de distribución. Prevalece así el modelo hidrológico al hidrográfico que da sentido a un concepto amplio de cuenca. Mediante el modelo hidrológico es posible debatir qué pasa con las aguas que bajan, sin considerar a los países y regiones de aguas arriba, ya que a éstos no les incide el destino final de las aguas. Obviamente, este modelo interpreta al río como una fuente de agua consuntiva y no como un sistema biogeográfico (consuntivo o no consuntivo), interpretación que se da desde el segundo modelo. En Argentina el debate de cuenca tiene ambos modelos representados en los técnicos de los organismos oficiales, siendo el primero el hegemónico y prevalente en este momento, para las acciones a tomar.

Un último punto que queremos señalar en esta nota es la movilización popular que implicó la pérdida del recurso pesquero. Por primera vez la población local de Bolivia tuvo acciones claras y demandantes respecto al manejo de la cuenca. Hasta el 2010 la participación de los pueblos originarios de la cuenca baja de Bolivia fue más de carácter nominal y solidaria con sus pares de Argentina y Paraguay. Desde el 2010, con la primera merma de pesca y más aún en 2011 con la pérdida total de la pesca, las movilizaciones comenzaron a tener características mucho más comprometidas.

El 7 de Mayo del 2011 se inició el Festival de la Pesca en Villamontes sin el tradicional sábalo en las parrillas. El 8 de Mayo el río se cortaba en La Embocadura impidiendo definitivamente el paso de cardúmenes.

7 de Mayo del 2011, Villamontes espera los cardúmenes que nunca llegaron.
Foto gentileza Luis María de la Cruz


La situación continuó así todo el año. Bolivia se quedaba sin sábalos mientras que éstos morían a millares en los pozos que se iban desecando a lo largo del cauce abandonado. Algunas expediciones de pescadores de Salta y Bolivia lograron llevar algo de la zona de Potrillo, hasta que las autoridades de Fauna de Formosa y de Gendarmería Nacional lo impidieron. ¿Para qué? Para que los que quedan mueran en los pozos evaporados por el calor y la sequía de invierno.

A partir de esta situación el pueblo Weenhayek logra (entre los principales puntos) que el gobierno boliviano declare la emergencia económica del pueblo weenhayek, asignando una partida de recursos económicos para solventar la crisis que provocó la pérdida de la pesca y se comprometa a comprar tres dragas para apoyar las obras de limpieza del río. Entre fuentes financieras nacionales, departamentales y municipales, se distribuyó entre Junio y Septiembre alrededor de un millón doscientos mil dólares, además de otros beneficios vinculados con programas de apoyo a la producción. Según observadores locales, esa suma representa el movimiento financiero total de la pesca en la región cada año. Sin embargo, en el último encuentro de Noviembre, los representantes de los pueblos Weenhayek y Guaraní manifestaron su disconformidad por los resultados de las gestiones del gobierno ante la crisis. Para muchos, es difícil entender hacia dónde van estas críticas.

Aparentemente podemos decir que hay dos componentes en esta reacción.

En primer lugar, muy evidente, el modo de distribución de los recursos. Los mismos han sido distribuidos directamente a las familias beneficiarias, sin la intermediación de los “caciques” ni de los “capitanes”. Esta metodología rompió con la hegemonía de los líderes y su manejo del poder por sobre la población, intentando una ecuánime distribución. Dentro del modelo de liderazgo construido desde la colonización extranjera del territorio, esta “democratización” se constituyó en un atentado contra los liderazgos oficialmente establecidos. De allí que el mayor reclamo venga de parte de los dirigentes, y no tanto de las familias beneficiarias. En este sentido, también hay que observar que el modelo de pesca instituido desde el municipio y el departamento, mediante concesiones de sectores del río a capitanes de pesca, establece de por sí una desigualdad entre las familias. El modelo de la pesca tradicional se ha transformado en los últimos cuarenta años, tornándose en un modelo subalterno al capitalismo que opera sobre la actividad. De esta manera, de cooperar entre pescadores se pasó a una estructura de clase, en donde los capitanes de pesca pasan a tener empleados jornalizados para el manejo de las redes y faenado del pescado. Sin dudas, los privilegios políticos y económicos de los capitanes de pesca caen con un sistema de distribución de recursos igualitaria, entre las familias pescadoras. Las reacciones son obvias.

En segundo lugar, atendiendo al modelo autónomo de gobierno de los pueblos indígenas del chaco boliviano, las demandas apuntan al sentido de la pesca como actividad independiente. Los líderes de los pueblos weenhayek y guaraní ven en los subsidios del gobierno que se destinaron a paliar la crisis, una amenaza a la soberanía alimentaria. Los subsidios son entendidos como paliativos, pero no se los acepta como respuesta a largo plazo para la crisis pesquera. La política de subsidiación debe ser acompañada de acciones concretas para la resolución de las causas de la interrupción de las migraciones de peces. De allí que en el último encuentro de Noviembre se haya puesto énfasis (casi exagerado para algunos) en la compra de las tres dragas,que se acordó con el gobierno nacional. No es posible decir si dicha compra es una solución, si es un botín de guerra o si en la mirada de la gente marca una etapa diferente en las acciones concretas de Bolivia por solucionar el problema. Lo que creemos que podemos decir es que la gente ve en esta acción una respuesta concreta, más allá de los acuerdos internacionales que hagan falta para la operación de las mismas fuera del territorio boliviano.

En este sentido, debemos rescatar a la pesca como una actividad económica que garantiza a ambos pueblos la soberanía alimentaria durante los meses de invierno. Las dotaciones de mercadería representan, de alguna manera, un reflejo del interés del Estado Boliviano por mantener seguridad alimentaria. Pero esto no es lo que interesa solamente. Aceptar las donaciones sin resolver el problema de las migraciones de peces significa, en estos términos, una subalternalización total de la economía y de la soberanía de ambos pueblos, a las prácticas prebendaristas y clientelares de los gobiernos respectivos. Esta situación que ocurre desde hace años en Formosa y está comenzando a verse desde hace un tiempo en Salta (Argentina), no es invisible a los ojos de los líderes indígenas bolivianos. La visión que se trasluce en los reclamos hechos en las diferentes instancias de encuentro durante el 2011, reflejan la preocupación de perder la soberanía alimentaria y, en plazos posteriores, la soberanía como pueblos libres y autónomos dentro del sistema boliviano, al no tener una base económica propia e independiente.